Plusvalía
¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Lev Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras v Fijación de Tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”, según el Anexo I?
Esta pregunta beneficia a las empresas constructoras que pretendan tener ganancias extraordinarias, afectando a quienes quieran comprar casas. Esta ley solamente afecta a quienes están acostumbrados a comprar tierras en sectores en los que se va a hacer grandes obras. Esas obras incrementan la plusvalía de sus tierras y les permite a los compradores vender después proyectos inmobiliaros a precios mucho más altos de lo que pudieron costar al principio. Es decir que los perjudicados son los emprendedores que quieren comprar una oficina o las familias que quieren tener una casa nueva. La ley vigente permite tener ganancias, pero no permite tener tantas ganancias en periodos cortos de tiempo y el impuesto se aplica solamente al incremento extraordinario. La ley vigente permite incluso pagar menos en impuestos prediales a las familias y emprendedores.
La ley vigente no es contra la plusvalía, es contra la especulación y los especuladores.
La ley vigente ayuda a evitar la evasión de impuestos, porque ya no es negocio registrar las propiedades a un precio menor.
La ley vigente impide subir los precios de las casas. Beneficia a las familias.
La ley vigente permite que las familias paguen menos impuesto predial.
Los que quieren tumbar la ley dicen que la ley actual ha hecho que nadie quiera comprar más casas, pero si eso fuera cierto, la ley de oferta y demanda habría hecho que el precio de las casas se reduzca, pero eso no ha pasado.
Los que quieren tumbar la ley dicen que la ley vigente ha provocado una desinversión, pero la desinversión se debe más a problemas como el terremoto, que obligó a paralizar muchas obras en todo el país.
Los que quieren tumbar la ley dicen que las constructoras están perdiendo dinero y con eso hay más desempleo, pero la verdad es que los ingresos del sector inmobiliario pasaron de $180 millones en 2006 a $930 millones en 2016.
La ley vigente permite que haya más impuestos en municipios para que hagan obras.
Si se aprueba esa pregunta, volveremos al viejo país en el que la sociedad compartía los costos y el sector privado se quedaba con las ganancias.
