Pregunta 1: Corrupción

¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el anexo 1?

¿Es necesaria esa pregunta?
No. En vez de gastar tanto dinero en una consulta, el Presidente de la Asamblea Nacional o el mismo presidente deberían ponerse a trabajar. En Perú, la Muerte Civil se oficializó por decreto presidencial. En Ecuador, el Presidente es colegislador y el Presidente de la Asamblea tiene mayoría. Además, los grupos opositores están de acuerdo con la Muerte Civil, así que no sería ningún problema aprobar los cambios en la Constitución, el Código de la democracia, COIP y Ley orgánica del Servicio público.

Por otro lado, ¿Cuántas personas sentenciadas por peculado, cohecho, conclusión, enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita o delincuencia organizada han ganado alguna elección?
¿Cuántos han sido contratados en el sector público o contratan con el Estado? Si el presidente Lenin Moreno y los grupos políticos que perdieron las elecciones pasadas están por el Sí a esa pregunta, deberían empezar con el despido y terminación de contratos de todos los funcionarios que ya hayan sido sentenciados por corrupción y no deberían contratar a personas que hayan sido sentenciadas por corrupción, al menos hasta que la Asamblea Nacional haga los cambios constitucionales y legales.

Es probable que haya contratistas y empleados públicos que han sido sentenciados por los cargos mencionados anteriormente. Legalmente, ya pagaron su deuda con la sociedad. Tal como está planteada la pregunta, la propuesta es que la muerte civil tenga efecto retroactivo y esas personas que ya pagaron su deuda con la sociedad vuelvan a perder sus derechos. En ese sentido, sería interesante escuchar la voz de esas personas y de las familias que dependen de esas personas.

Otro problema con esa pregunta es que se refiere solamente a los casos en que haya una sentencia. Eso significa que si un corrupto huye, por ejemplo, a Panamá y regresa al Ecuador cuando prescribe su causa, tranquilamente podría lanzarse de candidato a la alcaldía de Guayaquil o Agarrar la troncha que algún presidente sin ética le dé por ejemplo, en CNEL. Al limitarse a sentencias ejecutoriadas, la propuesta de Lenin Moreno deja la puerta abierta e incluso animaría a los corruptos a fugarse del país, darse la gran vida y luego volver con estabilidad laboral.

En caso de que la Asamblea Nacional se ponga a trabajar, debería incluir también la eliminación de la pensión vitalicia para expresidentes sentenciados por corrupción o que hayan fugado del país para esperar la prescripción de causas que les hayan abierto por corrupción.